20 Mar 08:19h
El Gobierno de San Juan oficializó el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto cuprífero Josemaría en el departamento Iglesia. La resolución se emitió tras un exhaustivo análisis de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), la cual integra a catorce organismos técnicos y científicos.
El documento no solo autorizó la continuidad de las fases de construcción y operación, sino que fijó un marco de cumplimiento estricto bajo advertencia de sanciones severas o paralización de actividades ante cualquier incumplimiento de los parámetros ambientales y sociales establecidos.
Riesgo de impacto «negativo severo»
La Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), organismo encargado de elaborar el informe técnico, emitió una advertencia crítica sobre el esquema de suministro hídrico del proyecto. Según el documento, se prevé un impacto “negativo severo” sobre las reservas de agua subterránea durante la etapa de operación en los campos de pozos CPA y CPB, así como en los ecosistemas de vegas. La autoridad ambiental reveló que la afectación a estas vegas altoandinas podría ser «irreversible» si no se ejecutan las medidas de mitigación previstas.
El esquema de suministro de agua de reposición externa se diseñó de forma multifuente y evolutiva. Durante la etapa de construcción y los primeros años de explotación, el flujo provendrá de tres campos de pozos situados en territorio sanjuanino: CPA, CPB y Campo de Pozos La Majadita.
No obstante, la estrategia fundamental para reducir el daño ambiental consiste en la transición hacia el uso de agua desalinizada proveniente del Océano Pacífico, en Chile, proyectada para el año 7 de la operación. El informe advirtió que, si esta fuente externa no se materializa en los plazos previstos, los impactos severos sobre el acuífero y la biodiversidad local se prolongarían durante décadas.
Vigilancia hídrica y puntos de alerta temprana
Ante la magnitud del riesgo potencial, el Gobierno de San Juan solicitó a la empresa la presentación inmediata de una Matriz de Gestión Ambiental con enfoque causal. Asimismo, exigió la implementación de un «único y sólido plan de vigilancia hídrica» que debe estar operativo desde el inicio de la fase de construcción, identificada como el momento de mayor vulnerabilidad para el ecosistema. Este plan incluye la instalación obligatoria de al menos nueve puntos de alerta temprana distribuidos estratégicamente dentro de los límites geográficos de la provincia.
Con esta infraestructura de monitoreo, el Estado busca garantizar la protección del área de influencia directa y de los usuarios de agua downstream (cuenca abajo). La medida apunta específicamente a blindar la disponibilidad y calidad del recurso para las comunidades locales y las actividades económicas de la región, estableciendo que cualquier detección de anomalía en los puntos de control activará protocolos de contingencia y revisión técnica de la operación minera.
Gestión hídrica y tecnología de desalinización
La protección del recurso hídrico se constituye como el eje central de los condicionamientos técnicos. La autoridad minera exigió a la operadora la implementación de un sistema de «vertido cero», diseñado para que ningún efluente industrial entre en contacto con el suelo o los cursos de agua naturales. Para alcanzar este objetivo, la empresa debe garantizar una tasa de recuperación de agua superior al 80% en el depósito de colas, utilizando espesadores de alta eficiencia que extraen el líquido de los lodos de descarte para reintroducirlo en el circuito de molienda y flotación.
La transición hacia el agua desalinizada de Chile representa el compromiso mayor de la operadora para desacoplar el crecimiento del proyecto del consumo de reservas locales. Hasta que se concrete dicha infraestructura transfronteriza, Josemaría debe operar bajo una vigilancia extrema, utilizando plantas de ósmosis inversa para tratar cualquier excedente salino y asegurar que el balance hídrico no altere la conductividad eléctrica ni la composición química del subsuelo cordillerano.
Mano de obra sanjuanina y proveedores locales
En el aspecto socioeconómico, el Gobierno de San Juan impuso cláusulas de «compre local» y «empleo local» con metas cuantitativas. Se determinó que el 80% de la nómina salarial debe estar integrada por personas con domicilio real en la provincia, otorgando prioridad absoluta a los habitantes de los departamentos de Iglesia y Jáchal. Para cumplir con este requisito, la operadora asumió la responsabilidad de financiar programas de capacitación técnica y profesional en oficios mineros, logística y seguridad industrial.
Respecto a la cadena de valor, la DIA estableció que Josemaría no podrá contratar servicios externos sin antes haber agotado la búsqueda en el Registro Provincial de Proveedores Mineros. Este condicionante busca potenciar a las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas en rubros que van desde el catering y transporte hasta la ingeniería compleja. La fiscalización de este punto quedó bajo la órbita del Ministerio de Minería, que auditará periódicamente los contratos de la compañía.
Síntesis detallada de los condicionamientos:
- Suministro Multifuente: Uso transitorio de pozos locales (CPA, CPB, La Majadita) con transición obligatoria a agua desalinizada de Chile en el año 7.
- Alerta Temprana: Instalación de 9 puntos de monitoreo crítico para proteger a comunidades y usuarios de agua downstream.
- Impacto Irreversible: Advertencia oficial sobre la vulnerabilidad extrema de las vegas altoandinas y exigencia de un plan de vigilancia desde la construcción.
- Circuito Cerrado: Implementación obligatoria de tecnología para recuperar más del 80% del agua de proceso y sistema de «vertido cero».
- Cupo Laboral: Obligación de mantener el 80% de empleados con residencia en San Juan, priorizando Iglesia y Jáchal.
- Prioridad PyME: Contratación obligatoria de proveedores inscriptos en el padrón provincial antes de recurrir a firmas foráneas.
- Matriz Causal: Presentación de una matriz de gestión ambiental detallada para mitigar los impactos «negativos severos» previstos por la DEAM.
Fuentes:
- Si San Juan (Gobierno de San Juan): «El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para la actualización del proyecto Josemaría» (16/03/2026).
- Minería y Desarrollo: «Todos los detalles de la DIA que le aprobaron a Josemaría y los condicionantes que le pusieron» (19/03/2026).
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