10 Feb 08:23h
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y figura cercana al círculo de confianza del Ejecutivo, por considerarlo jefe de una asociación ilícita.
La resolución judicial incluyó un embargo histórico de 202.247 millones de pesos contra el exfuncionario, a quien se investiga por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública. El fallo describió a la ANDIS como una «ventanilla de pagos millonarios» donde se direccionaron licitaciones de medicamentos de alto costo hacia un grupo selecto de droguerías y proveedores.
Un esquema de cajas y retornos bajo la lupa
La investigación judicial desarticuló un sistema donde funcionarios y operadores privados coordinaron adjudicaciones con sobreprecios y falta de controles efectivos. Según el magistrado, el esquema permitió que firmas particulares se turnaran para ganar contratos, detectándose proveedores que obtuvieron el alta para operar el mismo día de las licitaciones.
El procesamiento alcanzó a otras 18 personas, entre ellas Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, y el empresario Miguel Ángel Calvete, junto a su hija Ornella Calvete.
Esta última fue directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía, bajo el mando de Luis ‘Toto’ Caputo. La joven fue señalada como una pieza clave en la logística de la organización tras el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo en su domicilio durante los allanamientos y la filtración de mensajes donde coordinaba pagos y mencionaba «comisiones» destinadas a terceras personas del entorno oficial.
Según la investigación, Ornella actuaba bajo las instrucciones de su padre en el circuito de recaudación, lo que motivó su renuncia inmediata al cargo en el Palacio de Hacienda cuando el escándalo tomó estado público.
Pruebas administrativas y el rol de las auditorías
Aunque la causa tomó estado público tras la filtración de audios sobre presuntos pedidos de «coimas», el juez Casanello fundamentó el procesamiento en la evidencia recolectada sobre el circuito administrativo y las irregularidades en los expedientes de compra.
Mientras la defensa de Spagnuolo intentó anular la causa cuestionando el origen de las grabaciones, la justicia avanzó sobre la trazabilidad de los pagos direccionados.
En paralelo a este escándalo, la gestión de Spagnuolo fue cuestionada por la suspensión de 111.000 pensiones por discapacidad, medida que el exfuncionario justificó en su momento como parte de una auditoría técnica contra el fraude.
Impacto político y la nueva conducción de la ANDIS
El procesamiento de Spagnuolo representó una baja sensible para la gestión libertaria, dado que el exfuncionario desempeñó un rol clave en la racionalización del gasto en el área de discapacidad.
Tras su salida y el avance de la causa, el Gobierno Nacional intentó despegarse del escándalo reforzando los controles internos, aunque la magnitud del embargo y la gravedad de la imputación por asociación ilícita mantienen la atención sobre las responsabilidades jerárquicas dentro del organismo. La causa continúa en etapa de análisis documental mientras los procesados permanecen en libertad bajo estrictas medidas cautelares.
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