07 Nov 08:13h
El nombramiento del nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan quedó formalmente en manos de los bloques legislativos, luego de que los tres postulantes, Guillermo Baigorri, Rolando Lozano y Matías Senatore, fueran entrevistados este jueves por la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura Provincial. Tras estas audiencias, la designación del reemplazante del fallecido Eduardo Quattropani se concretaría en sesión el próximo jueves, requiriendo solo la mayoría simple de los votos, lo que subraya el carácter esencialmente político de la decisión final.
El proceso de entrevistas en la Cámara de Diputados se inició minutos después de las 8:30 horas. La Comisión, integrada por legisladores de distintas fuerzas, evaluó los antecedentes y la visión institucional de los postulantes para elaborar uno o más dictámenes que se elevarán al recinto. El cargo de Fiscal General es de alta relevancia, ya que implica la conducción del Ministerio Público Fiscal, el organismo encargado de las investigaciones penales. Las versiones políticas que circulan en la provincia señalan que Baigorri sería el favorito del orreguismo, Lozano el favorito del uñaquismo y Senatore el favorito del bloquismo, lo que anticipa una fuerte puja entre los sectores.
Rolando Lozano, el primero en exponer, enfatizó su perfil técnico y profesional, negando tener «actividad política ni padrinos». Lozano, quien destacó ser parte del equipo de gestión de Quattropani, subrayó los avances logrados, como el incremento en la gestión de casos, y expresó su deseo de «continuar este proceso» para no perder lo conseguido.
Por su parte, Guillermo Baigorri no renegó de su pasado político y afirmó que, si el oficialismo lo consideraba su candidato, era «un orgullo». No obstante, destacó sus 13 años en el Poder Judicial y planteó la necesidad de avanzar hacia una fiscalía más moderna, con planificación, profesionalización y fortalecimiento de la comunicación.
Finalmente, Matías Senatore —con nueve años en el Poder Judicial— se desmarcó de cualquier etiqueta partidaria y basó su propuesta en cuatro ejes: Persecución penal integral, fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, cercanía con la ciudadanía y Acompañamiento a las víctimas, afirmando que la elección implica una «gran responsabilidad institucional con la sociedad».
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