06 Nov 08:19h
La capital de Paraguay vive horas de extrema tensión institucional y social luego de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien deberá comparecer ante el Senado para ejercer su defensa frente a las acusaciones por el colapso del Ueno Bank.
El proceso parlamentario se desencadenó tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la entidad financiera, una medida que dejó congelados los fondos de 2,9 millones de ahorristas y provocó la quiebra del respaldo del oficialista Partido Colorado a la gestión del mandatario.
La crisis escaló a su punto máximo después de que el Congreso no lograra tratar la dimisión del jefe de Estado por falta de quórum en la Cámara Baja, lo que mantuvo al presidente formalmente en el cargo pero acorralado en el banquillo del Poder Legislativo.
La mañana parlamentaria inició con el anuncio de la dimisión de Santiago Peña mediante un mensaje en la red social X. En la pieza audiovisual, el jefe de Estado sostuvo: “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”. Sin embargo, la sesión bicameral destinada a evaluar su salida fracasó debido al retiro de los legisladores del Partido Colorado, quienes dejaron sin quórum a la Cámara de Diputados para impedir la votación.
Ante esta parálisis, el titular del Senado, Basilio Núñez, convocó una reunión extraordinaria con el propósito de constituir a la Cámara Alta como tribunal juzgador.
La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las fiscales designadas por la Cámara Baja, declaró en el inicio de la exposición del libelo acusatorio: “Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido”. Vallejo detalló que el país padeció “una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos”, cifra que abarca a la mitad de la población nacional. Para concretar la destitución del mandatario, se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado, equivalente a 30 de los 45 votos de sus integrantes.
El colapso del Ueno Bank y la trama de irregularidades
La entidad Ueno Bank figuraba como la quinta institución del sistema bancario nacional por volumen de depósitos y la primera por cantidad de clientes, con un manejo de 850 millones de dólares en fondos públicos. Entre estos activos figuraban 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado del sistema estatal de pensiones y salud. La firma experimentó una rápida expansión a partir de 2023 bajo la conducción de Miguel Vázquez, empresario que terminó arrestado esta semana por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las inspecciones del Banco Central revelaron operaciones de créditos de alto riesgo otorgadas a firmas vinculadas al propio Grupo Vázquez. Entre las maniobras investigadas consta la transferencia de una cartera de préstamos por 74,4 millones de dólares a la sociedad Vinanzas SA, operación que presuntamente ocultó el deterioro patrimonial de la entidad. La caída de la solvencia del banco por debajo del 50% del mínimo legal exigido obligó al BCP a decretar su intervención y disolución el pasado martes 3 de noviembre. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández ordenó tres causas penales que involucran a los directivos del banco y a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Conflicto de intereses
La acusación ratificada por los legisladores imputa a Santiago Peña por mal desempeño, conflicto de intereses y cooptación del Estado. El libelo acusa al jefe de Estado por su participación como accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, así como por el nombramiento de Carlos Carvallo —antiguo titular de la firma controlante del banco— al frente del Banco Central del Paraguay.
A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Peña confirmó que acudirá al recinto parlamentario para ejercer su defensa. “Aportaré la información que me sea requerida (…) la ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, aseveró el presidente. De igual forma, manifestó que el proceso de devolución de fondos a los clientes debe avanzar sin depender de su situación política: “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”.
Estallido social y pérdida de respaldo político
El quiebre del Partido Colorado resultó determinante para el aislamiento del jefe de Estado. El expresidente Horacio Cartes, líder de la agrupación oficialista, retiró la cobertura al gobierno y justificó la postura del partido: “No nos pondremos del lado del saqueo de fondos públicos y privados, ni de los ahorristas”. La ruptura dentro del oficialismo facilitó que la oposición en la Cámara Baja obtuviera la mayoría requerida para impulsar el juicio político.
En las inmediaciones del Congreso y frente al Ministerio de Trabajo, cientos de ahorristas y exempleados bancarios realizaron vigilias y protestas para exigir la restitución de su dinero y la pérdida de los fueros presidenciales. Adolfo Villalba, uno de los manifestantes en la vigilia de Asunción, reclamó: “Que siga adelante el proceso de destitución y que pierda su inmunidad”. En tanto, el ciudadano Luis Pineda expresó la indignación popular: “Nos han robado todos nuestros ahorros. Estamos hartos de años de saqueo”. El impacto laboral de la quiebra alcanza a cerca de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos, en un escenario donde el Congreso sancionó una ley de emergencia para activar los desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos.
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