09 Abr 12:28h
El 12 de marzo asumió Roberto Montilla como juez Penal de primera instancia. No cumplió un mes en ejercicio y ya carga con una grave denuncia en su contra. Los fiscales lo investigan por interferir en la detención de un sujeto, acusado de presunta estafa.
Según la denuncia, el juez Montilla intentó beneficiar a José Benito Martín, alojado en la comisaría 4ta desde el 5 de abril.
Al día siguiente el magistrado se comunicó telefónicamente con el personal de la unidad policial. Les hizo saber que conocía al detenido.
Y les pidió que llamaran al fiscal a cargo para sugerirle el traslado de Martín -su amigo- a un residencia para adultos mayores.
Según la presentación judicial, Montilla se hizo presente en la comisaría con el mismo propósito. Incluso se ofreció a gestionar el traslado del detenido.
Más tarde ese día insistió con los llamados telefónicos y pidió hablar personalmente con el fiscal de turno. Lo atendió el ayudante fiscal Emiliano Usín.
El juez le volvió a solicitar el traslado del detenido. El ayudante fiscal le informó que su pedido escapaba a su jurisdicción: Martín se encontraba a disposición del Juez de Flagrancia.
La fiscal María Paula Carena solicitó la formalización de la investigación contra el juez Montilla, por los delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Montilla se encuentra en libertad.
No fue el primer escándalo que protagonizó el magistrado. El jueves 3 de abril una manifestación llegó hasta Tribunales, disconforme con la medida de Montilla, que le concedió el arresto domiciliario a Denise Robles Bonade y Rubén Martín González, los dos empresarios imputados en una causa de estafas.
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