18 Nov 09:17h
Hay amplio consenso en el ámbito minero, ya sea entre las grandes corporaciones o entre las pymes proveedoras locales, de que sin RIGI no se hubieran activado las inversiones anunciadas. Ahora el problema es otro: quién se queda con los contratos derivados de esas inversiones.
Por eso generó tanto estruendo el Decreto 1366/2026 del Poder Ejecutivo Nacional publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial. De un plumazo, eliminó el requisito del capital argentino para considerarse a una empresa como proveedor local.
De este modo, cualquier capital extranjero solo debe constituir domicilio en Argentina para entrar en la cuota de proveedores locales que el RIGI estableció en el 20 por ciento del total de la inversión comprometida.
Si el 20 por ciento de «compre local» resultaba cuestionable, abrirle la puerta a los capitales extranjeros para jugar también en ese grupo fue hiriente para el ecosistema de empresarios ilusionados con el derrame de, por ejemplo, la gran minería del cobre.
Entonces, el RIGI fue aplaudido como el estímulo que faltaba para convencer a las grandes corporaciones de que pueden invertir en Argentina, pero dejó abierto el capítulo más controversial de todos: el desarrollo de los proveedores locales.
En este marco la provincia de San Juan sancionó su propia ley de desarrollo de proveedores, cuya reglamentación está próxima a salir, según dijo el ministro de Producción, Gustavo Fernández, esta semana en 0264 Radio.
El decreto provincial debería traer las certezas que borró el decreto nacional. En este punto, saltan las similitudes históricas con otro régimen de incentivos que permitió el desarrollo de la economía sanjuanina, aunque tuvo sus bemoles.
Se trata del régimen de promoción industrial, vinculado al Acta de Reparación Histórica, que entró en vigencia en diciembre de 1982 a partir de la sanción de la Ley Nacional 22.702.
Esta norma incluyó a San Juan, Catamarca y San Luis en un régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros que ya favorecía a La Rioja. Con los incentivos, llegaron las grandes industrias como Electrometalúrgica Andina (EMA) y Vesuvio (fabricante de Lacoste).
A medida que se fueron venciendo los cupos fiscales, algunas se fueron apagando. Pero la infraestructura quedó. Los parques industriales quedaron.
Desde Buenos Aires fundamentalmente, pero también desde Mendoza -excluida de estos beneficios- se acusó al régimen de favorecer las «fábricas con rueditas». Es decir, inversiones que llegaron y permanecieron mientras duró la promoción. Luego se evaporaron.
El antecedente histórico de la promoción industrial debería alumbrar el presente y el futuro del RIGI, a pesar de las diferencias entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el principio fue el mismo: estimular las grandes inversiones para la generación de desarrollo local. O al menos así debería funcionar.
Que el capital persigue la renta no es secreto ni está mal. Simplemente es. La responsabilidad del Estado, al resignar recaudación para estimular la captación de inversiones, es conducir ese desarrollo para que no sea, efectivamente, una «fábrica con rueditas». O una mina que no fue.
Basta recordar el ejemplo reciente de Hualilan para entender que la actividad puede empezar y detenerse. O, más atrás en el tiempo, el caso de Pascua-Lama.
Cada cimbronazo en la cúspide lastima hacia abajo a todo el encadenamiento de proveedores. Si así suceden las cosas cuando van mal, es razonable esperar que la bonanza también se coparticipe en contratos, puestos de trabajo y desarrollo más allá de la vida útil de la mina.
Es inaceptable que una firma extranjera, sin vocación de invertir en San Juan, fije un domicilio en una oficina con dos escritorios y eso sea suficiente para entrar en el cupo de los proveedores locales.
Ahora bien, si eso sucede, habrá malestar. Ojo: el RIGI también necesita licencia social.
PELADO STREAM
Sin comentarios