06 May 14:52h

La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, de El Encón, expresó su profunda preocupación y enérgico rechazo ante un reciente fallo judicial que autoriza la toma de posesión de sus tierras ancestrales. La situación se torna aún más crítica tras la derogación de la Ley 26.160, norma que hasta ahora protegía los territorios indígenas en Argentina.

Son unas 35 familias que hoy están en riesgo de perder sus hogares si prospera el desalojo por parte de la Justicia. Decidieron resistir con la asistencia letrada de Ariel López y Javier Alamino.

El doctor López habló este martes en Pelado Stream y explicó que el conflicto se remonta al año 2012, cuando una abogada de la familia Cantoni Bravo subastó tierras que históricamente pertenecen a esta comunidad para cobrar sus honorarios. En aquel entonces, el juez Luis César Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, suspendió la ejecución de la subasta basándose en la Ley 26.160, reconociendo así la necesidad de proteger los derechos territoriales indígenas.

Sin embargo, con la reciente anulación de esa ley por parte del gobierno de Javier Milei, los abogados de quienes compraron esas tierras en la subasta de 2012 han vuelto a la carga y buscan tomar posesión del terreno, desconociendo los derechos constitucionales de la comunidad y su existencia previa al Estado argentino.

La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y garantiza su derecho a la identidad y a las tierras que tradicionalmente ocupan. Desde la comunidad advierten que el intento de despojo no solo viola ese principio, sino que además atenta contra su historia, su cultura y el vínculo espiritual que mantienen con la tierra que habitan desde tiempos inmemoriales.

Frente a esta amenaza, las aproximadamente 35 familias que integran la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca han reafirmado su decisión de resistir.

“Defenderemos con todas las herramientas legales y comunitarias el derecho intransferible a la tierra”, afirman. Y agregan que la derogación de la Ley 26.160 no puede quitarles lo que legítimamente les pertenece y que está amparado por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, hacen un llamado urgente a las autoridades provinciales y nacionales, a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad en general para que se solidaricen con su causa. La comunidad remarca que la defensa del territorio es también la defensa de su identidad, su historia y un futuro digno para las generaciones venideras.

PELADO STREAM