
09 Jun 08:14h
El Gobierno nacional prepara un decreto para modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares (N.º 26.639), con el objetivo de ampliar los márgenes de explotación económica en zonas periglaciares.
La medida, que se impulsa desde la Casa Rosada, busca habilitar actividades como la minería, la exploración hidrocarburífera y la instalación de infraestructura industrial en áreas que hasta ahora estaban vedadas por razones ambientales.
La información fue difundida por el sitio web de TN. Según trascendió desde fuentes oficiales, los cambios se centrarán en reducir el alcance de las zonas protegidas. De este modo, el nuevo criterio limitaría la protección únicamente a formaciones de roca o escombros activos que tengan una superficie mínima de una hectárea, una duración de al menos dos años, una función hídrica relevante y estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
En la administración reconocen que hubo presiones del sector empresarial, especialmente vinculado a la minería y la energía, para avanzar con estas modificaciones. En Balcarce 50 aseguran que el objetivo es brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que pretendan instalarse en territorios próximos a glaciares.
Cambios clave en la normativa
La ley vigente prohíbe expresamente toda actividad que pueda afectar a los glaciares y sus zonas de influencia, incluyendo la liberación de sustancias químicas, residuos industriales, la exploración minera o hidrocarburífera, y la construcción de infraestructura no científica. Además, impone sanciones severas: multas que van desde los cien hasta los cien mil sueldos básicos de la administración pública, así como la suspensión o el cese definitivo de las actividades infractoras.
El Gobierno, sin embargo, busca reformular estos criterios. Si bien se mantendrán las restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos, se pretende dar mayor flexibilidad para desarrollar proyectos en áreas circundantes. El decreto también propone dar más atribuciones a las provincias sobre el uso del suelo y los permisos industriales en sus territorios.
Un impulso desde Economía y Energía
La medida es coordinada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y cuenta con la participación de la secretaria de Energía, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el equipo jurídico de la Secretaría Legal y Técnica, dirigido por María Ibarzabal.
Los cambios, que originalmente formaban parte del capítulo ambiental de la Ley Bases, fueron eliminados del texto definitivo sancionado en junio de 2024, luego de que no lograran el respaldo parlamentario necesario. Aun así, el Ejecutivo busca revivir esas modificaciones por vía administrativa.
Advertencias de la ONU y tensiones ambientales
Los intentos previos por modificar la Ley de Glaciares generaron fuertes críticas a nivel nacional e internacional. En febrero de 2024, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una advertencia formal a la Argentina a través de cinco relatores en derechos humanos, dirigida a la entonces canciller Diana Mondino. El documento calificaba los cambios como “regresivos” y alertaba sobre posibles impactos negativos en los derechos de defensores ambientales y en el acceso a un entorno sano.
Las reformas propuestas por el Gobierno también habían sido acompañadas de otras medidas ambientales polémicas, como la habilitación de nuevas zonas para la explotación de bosques y la eliminación del Fondo de Bosques, además de la incorporación de mecanismos para que los productores puedan realizar cortafuegos.
El anuncio del decreto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, y se espera que organizaciones ecologistas, comunidades locales y sectores políticos opositores reaccionen en los próximos días.
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