21 Feb 12:57h

El Foro de Abogados de San Juan manifestó su profunda preocupación y rechazo ante puntos específicos del Proyecto de Ley de Modernización Laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional.

La institución sanjuanina cuestionó las modificaciones a los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) al considerar que introducen riesgos patrimoniales para los profesionales y avanzan indebidamente sobre las competencias provinciales en materia arancelaria.

La entidad advirtió que las reformas proyectadas condicionan el ejercicio libre e independiente de la abogacía y desalientan el acceso a la justicia de los trabajadores.

Desde el directorio del Foro reafirmaron su compromiso con la defensa de la autonomía profesional y el pleno respeto al federalismo, exigiendo que cualquier modernización normativa se construya sin afectar garantías esenciales ni disciplinar la labor profesional.

Los cuestionamientos del organismo se concentraron en los siguientes ítems:

• Responsabilidad solidaria en costas: El proyecto incorpora la figura de «pluspetición inexcusable objetiva», lo que convierte la cuantificación de créditos laborales en una fuente de responsabilidad patrimonial para el abogado ante una eventual sobreestimación del reclamo.
• Invasión de competencias provinciales: La modificación habilita la cuotificación de honorarios y fija topes arancelarios, vulnerando la potestad legislativa de las provincias para regular la retribución profesional.
• Naturaleza alimentaria del honorario: El Foro señaló que el diferimiento compulsivo de los pagos desnaturaliza el crédito profesional y afecta la sustentabilidad del ejercicio independiente.
• Restricción al acceso a la justicia: La reforma limita la gratuidad del proceso e impone nuevas cargas que alteran el equilibrio propio del Derecho del Trabajo, perjudicando a quienes más protección requieren.

El directorio de la institución concluyó que trasladar costos, riesgos o demoras al trabajador y a su abogado debilita la tutela judicial efectiva. La entidad mantiene su postura de defensa sobre los principios protectorios que rigen la materia laboral frente al avance de estas normativas.

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