06 Mar 08:12h
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) formalizó una oposición técnica y jurídica ante el organismo nacional (ENRE) contra el pedido de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña (Josemaría).
La autoridad provincial calificó de «ejercicio abusivo» y «apropiación de hecho» la intención de la empresa de capturar el 90% de la capacidad de transporte remanente en el corredor Mendoza – San Juan.
Según el documento oficial N° 3671/26, esta maniobra comprometería el abastecimiento futuro de la provincia, que proyecta una demanda de 857 MW para el año 2030.
Interés público vs. interés privado
El organismo regulador advirtió que la red eléctrica actual no cuenta con capacidad excedente firme para otorgar exclusividad a un emprendimiento industrial de tal magnitud. El EPRE sostuvo que el abastecimiento de los hogares e industrias de San Juan tiene prioridad absoluta y que ceder la red en los términos solicitados por la minera bloquearía el crecimiento de la provincia.
Por este motivo, exigió que cualquier requerimiento de energía para el proyecto se sustente en ampliaciones específicas financiadas íntegramente por la compañía privada, sin afectar la seguridad del sistema provincial.
Exigencia de compensación
La nota destaca que infraestructuras clave, como la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) 500 kV San Juan – Rodeo, fueron construidas con aportes del Estado Provincial y de los propios usuarios sanjuaninos.
El EPRE determinó que Vicuña Argentina S.A. debe ser considerada como «Beneficiario No Iniciador», lo que la obliga legalmente a pagar derechos financieros por el uso de estas obras antes de recibir cualquier autorización. «La pretensión de utilizar como propia una infraestructura que no costeó resulta improcedente», señala el texto administrativo.
Pedido de audiencia pública y reserva judicial
Finalmente, el ente solicitó que el ENRE se abstenga de emitir el certificado de conveniencia pública y convoque de manera urgente a una Audiencia Pública para discutir el impacto técnico de la medida.
La provincia realizó una reserva expresa de acudir a la justicia si se vulneran los derechos de los usuarios locales. El objetivo de la presentación es garantizar la neutralidad tarifaria, asegurando que el desarrollo de grandes proyectos mineros no se traduzca en aumentos en las boletas de luz para el resto de la población.
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