30 Sep 08:21h
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendó a su equipo de abogados una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la intención de revocar su inhabilitación perpetua a cargos públicos y disputar las elecciones presidenciales de 2027.
A diferencia de la petición inicial radicada en Ginebra contra la condena a seis años de prisión e inhabilitación política por la causa Vialidad, este nuevo escrito se formalizó como una adenda que incorpora tres hechos nuevos ocurridos tras el reclamo original.
El equipo jurídico —integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego— fundamentó la ampliación en pericias financieras inéditas, denuncias por intimidación institucional y violaciones a la privacidad de la exmandataria.
El pilar de la nueva evidencia consiste en un estudio técnico de la consultora Specs sobre documentación oficial de la causa Cuadernos, incorporada en agosto de 2026. El informe analiza el fideicomiso vial SISVIAL de la Dirección Nacional de Vialidad, creado mediante el decreto 54/2009.
Según el análisis, sobre un total desembolsado de USD 2.200 millones, el Grupo Austral de Lázaro Báez percibió únicamente USD 18,66 millones, lo que representa el 0,85% del fondo.
La defensa remarcó que la firma IECSA S.A., vinculada a Ángelo Calcaterra —primo del expresidente Mauricio Macri—, resultó la mayor beneficiaria de esos giros, un dato que desmiente el argumento central del Tribunal Oral Federal 2 sobre un esquema exclusivo a favor de Báez.
Junto con la pericia, la adenda denuncia actos recientes de intimidación contra la expresidenta, entre los que cita declaraciones de jueces de la causa, ejecuciones de bienes y publicaciones hostiles del presidente Javier Milei.
Asimismo, añade una acusación por la difusión no autorizada de videos del allanamiento de 2018 a su residencia privada en Recoleta, un hecho que la defensa encuadra como una infracción directa al derecho a la vida privada garantizado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las medidas cautelares requeridas, los abogados solicitaron la suspensión de la inhabilitación para competir en elecciones, la recomposición de la Corte Suprema de la Nación —bajo la afirmación de que es imposible su funcionamiento con solo tres miembros— y la flexibilización de las condiciones del arresto domiciliario que cumple en la calle San José 1111.
Borrego detalló que la expresidenta soporta el control permanente de dos agentes policiales, fallos recurrentes en la tobillera electrónica y restricciones severas de visitas e incluso de acceso a la azotea.
En el ámbito local, la defensa alista un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar la suspensión del fallo.
No obstante, desde tribunales de Comodoro Py señalaron que el informe de Specs utiliza datos de alcance nacional, mientras que el juicio examinó de forma exclusiva la obra pública en Santa Cruz, donde Báez concentró cerca del 85% de las obras. Cabe recordar que la sentencia de seis años quedó firme tras el rechazo unánime de la Corte Suprema al recurso extraordinario de la defensa.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un cuerpo con sede en Ginebra compuesto por 18 expertos independientes, evaluará las medidas cautelares en su próximo período de sesiones, pautado del 19 de octubre al 6 de noviembre. Valim estimó que el pronunciamiento sobre las cautelares podría demorar pocos meses, aunque una resolución de fondo requerirá varios años. Pese a que los dictámenes del organismo carecen de carácter vinculante, poseen un elevado peso político e institucional en el debate jurídico.
En el plano político, la movida internacional busca consolidar la posición de Fernández de Kirchner dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, confirmó la voluntad de la expresidenta para competir y advirtió que el peronismo pierde competitividad sin su presencia en la boleta.
Por su parte, Oscar Parrilli tildó de «trucho» a cualquier candidato alternativo mientras persista la inhabilitación, al tiempo que Axel Kicillof cuestionó el veredicto judicial, aunque sin pronunciamientos sobre candidaturas. Con tres fórmulas presidenciales victoriosas en su historial al igual que Juan Domingo Perón, Fernández de Kirchner ostenta un 42% de imagen positiva según la consultora Zuban Córdoba, por encima del 36,1% del presidente Javier Milei.
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