14 Oct 18:39h
La audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum concluyó este miércoles sin la formulación de imputaciones contra ninguno de los 11 investigados, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso su reprogramación tras las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino.
La medida respondió a una solicitud unificada de los abogados defensores a la que sumó su adhesión el Ministerio Público Fiscal, con el propósito de asegurar la participación del total de los notificados en igualdad de condiciones procesales.
Ante la incomparecencia de ambos legisladores, el fiscal Sebastián Gómez rechazó las justificaciones presentadas e informó que requerirá el desafuero parlamentario de ambos representantes para garantizar su presencia en la próxima citación.
De la nómina de 11 personas convocadas por la Justicia, 9 exfuncionarios y empresarios asistieron a la Sala de Tribunales. Entre los presentes figuraron los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y el empresario Gustavo Mastelono. Los únicos ausentes en la jornada resultaron el senador Sergio Uñac y el diputado Cristian Andino.
Durante el desarrollo del acto judicial, la magistrada descartó la posibilidad de efectuar la audiencia a través de la plataforma Zoom o permitir conexiones virtuales. Sin embargo, Lucero declaró justificadas las ausencias de ambos parlamentarios.
En el caso de Andino, la defensa acreditó compromisos laborales en Buenos Aires con la presentación de pasajes aéreos. Respecto de Uñac, su abogado Marcelo Fernández leyó una nota fundada en preceptos constitucionales y legales en la que indicó que el legislador no prestará declaración en esta instancia o bien lo hará por escrito más adelante.
El fiscal Sebastián Gómez, integrante de la UFI Delitos Especiales, cuestionó la decisión de la jueza y afirmó que las obligaciones laborales no configuran un motivo válido para faltar a una citación de la Justicia.
Frente a este escenario, la Fiscalía solicitó y dejó asentada la reserva para pedir el desafuero parlamentario de Uñac y de Andino ante los recintos legislativos correspondientes, con el objetivo de retirar sus inmunidades y lograr su comparecencia obligatoria en la nueva fecha. Aunque la jueza Lucero manifestó su desacuerdo con la postergación, accedió al reclamo unánime de las partes para reprogramar la sesión.
El recinto judicial registró un marco multitudinario por la confluencia de investigados, abogados defensores, fiscales y querellantes estatales. Con el fin de resguardar el orden y prevenir incidentes en los pasillos del palacio de justicia, la jueza Lucero dispuso restricciones de circulación en las inmediaciones de la sala por motivos de seguridad.
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