11 Feb 21:05h

El debate por la reforma laboral en el Senado expuso una confrontación total entre los representantes de San Juan. Mientras el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió el proyecto como un motor de previsibilidad y modernización, los senadores justicialistas Sergio Uñac y Celeste Giménez Navarro lanzaron duras críticas, calificando la iniciativa como un ataque a los derechos adquiridos y una respuesta insuficiente ante la crisis que atraviesa la provincia.

Olivera: La apuesta por la inversión y la seguridad jurídica

Para Olivera Lucero, la reforma es indispensable para atraer capitales, destacando que en San Juan ya existen inversiones programadas por más de 30.000 millones de dólares. Su defensa se centró en la creación del Rimi (Régimen de Incentivo para Medianas Empresas), diseñado para que las pymes puedan incorporar maquinaria y personal con beneficios como la amortización acelerada.

Asimismo, Olivera subrayó la importancia de formalizar a los trabajadores de plataformas digitales (como Uber o Rappi) bajo un régimen autónomo con seguro de riesgo y la clarificación de que el trabajo agrario cíclico no implica una relación de dependencia encubierta, buscando eliminar el «temor» de los empleadores al contratar. También defendió cambios en la justicia laboral, como modificar el cobro de honorarios de los peritos para garantizar su objetividad.

Uñac y Giménez: Críticas por la pérdida de derechos y la crisis regional

Desde la oposición, Sergio Uñac sostuvo que el proyecto confunde «modernizar con precarizar» y que se construye «sobre la arena» al no incluir políticas de crédito productivo. Uñac alertó sobre la realidad económica de San Juan, mencionando el cierre de hoteles por falta de rentabilidad y la crisis en la cosecha de uva debido a la caída del poder adquisitivo. Su crítica más mordaz fue hacia la efectividad de la ley: afirmó que generará «tanto empleo como dólares tienen los trabajadores en su cuenta de sueldo».

Por su parte, Celeste Giménez Navarro calificó la reforma como un «retroceso histórico» impulsado por exigencias externas. Denunció una situación alarmante en San Juan con 14 focos de conflicto y 700 despidos inminentes en sectores como la construcción y el comercio. Giménez Navarro enfatizó que la flexibilización solo busca «facilitar los despidos» y recordó que, bajo el modelo actual, los salarios estatales de 360.000 pesos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias sanjuaninas.

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