04 Sep 13:29h
El Gobierno de Javier Milei ha dado un giro inesperado al restituir la plena vigencia de varios organismos que previamente había disuelto o reorganizado por decreto, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La decisión se oficializó el 3 de septiembre de 2025 con la publicación del Decreto 627/2025 en el Boletín Oficial.
Esta medida llega como una respuesta al «revés» sufrido en el Congreso de la Nación, que rechazó los decretos iniciales del Poder Ejecutivo. La Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza, una de las organizaciones que se puso al frente del reclamo por la restitución de la ANSV, manifestó estar «contentos y sorprendidos» por la marcha atrás del presidente, algo que no esperaban.
Alejandra Nievas, referente de la asociación en San Juan, señaló que el trabajo a nivel nacional y el eco en el Congreso, junto con la militancia civil y la de los trabajadores, fueron determinantes.
El Decreto 627/2025 restituye las normativas que regulaban a estos entes, así como a otros institutos que habían sido afectados por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Además de la ANSV, la DNV y la CNRT, se revirtió la disolución o transformación de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), y varios institutos culturales, entre otros.
El Poder Ejecutivo argumentó que la decisión se tomó para evitar un «vacío normativo de extrema gravedad» e «incertidumbre jurídica» generado por el rechazo del Congreso. Según el decreto, el rechazo de las normas por parte del Poder Legislativo tiene un «efecto derogatorio hacia el futuro», pero no restituye automáticamente las normativas previas, salvo que se disponga expresamente.
Ante esta omisión del Congreso de definir un marco jurídico de reemplazo y la «situación excepcional» y «urgencia», el Gobierno ejerció facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional para restablecer el régimen anterior y garantizar la «continuidad operativa».
La ANSV, cuya disolución había generado gran preocupación, es fundamental para la seguridad vial. Sus funciones incluyen la asistencia a las víctimas a través de la línea 149 (opción 2), trabajos de prevención y la recopilación de estadísticas y datos mediante su observatorio. La situación en Argentina respecto a la siniestralidad vial es alarmante, con la muerte de entre 12 y 20 personas diariamente, es decir, al menos una cada menos de dos horas, una cifra calificada como «pandémica» o una «epidemia».
Pese a las críticas recibidas, la referente Alejandra Nievas enfatizó que el trabajo de la ANSV es vital y que, aunque han sido críticos con la forma en que operaban algunos entes, no estaban de acuerdo con su disolución. No obstante, mencionó que la parte financiera de la agencia aún no está definida y los trabajadores tienen salarios pendientes.
Desde la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza, se sigue clamando por justicia y cambios legislativos. Están a la espera de que el 18 de septiembre se trate en el Senado la modificación del Código Penal en hechos de tránsito, un proyecto que tiene «moción de preferencia» desde el 7 de mayo.
Nievas subrayó la necesidad de un enfoque integral que incluya la modificación del Código Penal, la justicia para los «imprudentes al volante» y políticas de estado en educación, considerándolas «patas fundamentales» para abordar el problema. También se refirió a casos judiciales específicos, como el sobreseimiento en la causa por la muerte de Lucía Rubiño Montilla, y el caso de Francisco Márquez, destacando un patrón de «casos no aislados» y la necesidad de sentar precedentes.
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