23 Oct 07:51h

El Gobierno nacional reabrió el debate sobre la reforma laboral al presentar la controvertida propuesta de crear los «salarios dinámicos», un nuevo esquema que busca desvincular la remuneración de los convenios colectivos tradicionales y atarla, en su lugar, a la productividad individual del trabajador y a la situación económica específica de cada empresa.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, introdujo los lineamientos de este proyecto durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, indicando que el objetivo es «modernizar los convenios colectivos» para adaptarlos a la realidad de cada región y compañía.

El plan oficial propone una reconfiguración de raíz de la estructura de las paritarias, ya que busca invertir el principio histórico: los salarios dejarían de funcionar como «pisos» garantizados para transformarse en «techos» de referencia.

Es decir, los montos acordados por rama actuarían como un límite superior y no como la base mínima obligatoria, lo que permitiría a cada empresa pactar sueldos diferentes, siempre por debajo de ese máximo.

Cordero justificó la idea al afirmar que los convenios deberían tener una exigencia mínima basada en la empresa más desfavorecida, con el propósito de reducir los pisos convencionales, bajar los costos laborales y, en consecuencia, fomentar el empleo formal.

Esta iniciativa implica una descentralización de las negociaciones salariales, las cuales pasarían a definirse empresa por empresa, haciendo que las paritarias nacionales o sectoriales pierdan peso. Además, el Gobierno busca eliminar la indexación automática de los salarios con la inflación, apostando a que los ajustes reflejen el rendimiento productivo de cada firma.

La propuesta generó un fuerte rechazo en la CGT y otras centrales obreras, que alertaron que el concepto de «salarios dinámicos» nivelaría a la baja los derechos laborales y debilitaría drásticamente el poder de la negociación colectiva. Los gremios temen que, bajo el discurso de «premiar el esfuerzo», el esquema institucionalice la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y fomente la individualización de las relaciones laborales o la expansión del trabajo autónomo, dejando a muchos trabajadores sin cobertura de convenio ni aportes previsionales.

En contraste, las cámaras empresariales respaldaron la iniciativa, argumentando que la rigidez de los convenios se volvió incompatible con los contextos de crisis o recesión. Para el sector privado, esta flexibilidad salarial permitiría adaptar los costos a la productividad de cada firma, lo que facilitaría el sostenimiento de puestos de trabajo en empresas con dificultades.

Sin embargo, especialistas advirtieron que la aplicación de este modelo podría profundizar las brechas salariales entre regiones y actividades, lo que aumentaría la desigualdad dentro de las propias empresas.

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