15 Dic 09:29h
Advertencia: La que sigue es una opinión impopular. La reforma laboral de Javier Milei, que es regresiva en materia de derechos, tiene alto consenso político y social porque esos derechos se redujeron a un puñado de personas.
Poner a toda la sociedad a bancar los derechos de ese puñado de personas es inviable, sobre todo en un momento histórico de individualismo al palo. Es el culto a la meritocracia. Las luchas colectivas siguen, pero algo devaluadas. No es un fenómeno argentino solamente. Ya es motivo de estudio.
Entonces, en esta Argentina que repite cada vez más ‘no me importa quién gane, yo igual tengo que salir a laburar’, aquella consigna de ‘la Patria es el otro’ se perdió en el pasado. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Como tantas otras veces se escribió y se dijo en esta columna, frente a la realidad hay dos alternativas: enojarse con estas nuevas mayorías por incultas, ignorantes y altamente manipulables, o intentar entender las nuevas demandas.
Hace muchos años trabajar no rinde. No alcanza más que para pasar de mes en mes, pagar las cuentas y poco más. Los salarios de convenio, es decir de los trabajadores y las trabajadoras mejor cuidados por el sistema sindical, están arañando la línea de pobreza, puntos más o puntos menos. Y esa es la mejor mitad.
La otra mitad es la del trabajo no registrado. Está en la información oficial del INDEC. Según el instituto de estadísticas, en Argentina el 45 por ciento de la fuerza laboral vive en la informalidad. Ya sea que trabaje en relación de dependencia o de manera autónoma, no tiene aportes de ninguna naturaleza. No tiene obra social ni tendrá jubilación.
Si la mitad de la población económicamente activa cayó en esta precariedad, seguramente hubo un cúmulo de factores previos. El deterioro de la actividad económica, sin dudas.
Para el gobierno de Milei, la solución es flexibilizar las reglas a favor del empleador para que ‘pierda el miedo’ de tomar personal registrado. Según este paradigma, hay una ‘industria del juicio’ que atenta contra las pymes y obstaculiza la generación de puestos de trabajo genuino.
Es muy discutible. Las autoridades laborales de San Juan, las actuales y las que se fueron, fueron coincidentes: no hay una alta tasa de litigiosidad. Y cuando aparece el conflicto, habitualmente se resuelve en instancia de mediación.
Hay juicios, por supuesto. Pero no se puede decir que sea la generalidad. Los casos que está usando Patricia Bullrich para justificar su nuevo intento de reforma laboral -ella ya participó de aquella fallida reforma de la Alianza, con el escándalo de la Banelco en el medio- son la excepción.
Pero el neoliberalismo entró en un ciclo de popularidad. Fue lo que manifestaron las urnas el 26 de octubre pasado, arrojando un empoderamiento fenomenal para La Libertad Avanza en el Congreso. Para imponer la reforma laboral, el tiempo es ahora o nunca.
Arrinconado por esta ola violeta, el justicialismo presentará su propio dictamen de reforma, con una serie de mejoras a los derechos de los trabajadores, a contrapelo de la reforma libertaria. Es curioso: de uno y otro lado de la grieta reconocen que el régimen laboral vigente es vetusto. Pero nadie se atrevió a meterle mano hasta ahora, porque hacerlo implica abrir la caja de Pandora. Milei lo hizo.
Bullrich dijo la semana pasada, con total desparpajo, que los pibes que pedalean sus propias bicicletas con las mochilas de delivery no quieren trabajar para nadie, quieren seguir siendo monotributistas. Y solo quisieran tener un seguro por si se caen de la bici y se lastiman. No vaya a ser que todavía pretendan que los atienda algún hospital estatal de manera gratuita.
Es una barbaridad.
Pero en plena pandemia, cuando el lema era ‘quedate en casa’ y los únicos que podían ir y venir eran los chicos de los pedidos, con las mochilas rojas sobre sus espaldas, el entonces subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, los reunió para ofrecerles protección laboral. Le contestaron que no se meta.
No hay más remate.
PELADO STREAM
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