04 Nov 09:25h
La minería argentina y por lo tanto la minería sanjuanina llegan a este fin de año con dos materias pendientes. Una verdadera carrera contrarreloj. Esas dos materias pendientes son una de carácter local y otra de carácter nacional.
La primera es la Ley de Definición de Proveedores Locales que el gobierno de Marcelo Orrego fue cocinando lo largo del año y que tiene todas las posibilidades de convertirse en norma antes de que se vaya a este 2025 electoral, atravesado más por la política que por las cuestiones de fondo.
La segunda cuestión, la de carácter nacional, es la reglamentación de la Ley de Glaciares. Como están las cosas, es bastante improbable que pueda destrabarse antes de que se vaya esta mitad de mandato.
La Ley de Proveedores está en manos de la Cámara Minera, que tiene que dar el último visto bueno para que el tándem de los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández, pueda finalmente despachar el proyecto a la Cámara de Diputados.
La voluntad política es que salga cuanto antes, pero era la misma voluntad política con la que arrancó el año… y llegó noviembre.
Poco ayudó el clima electoral que enrareció todos los debates en la Legislatura y que puso en pausa hasta la Ley de Transporte de Pasajeros y de Cargas.
Hubiera sido un desatino meter también, en ese contexto, el proyecto de Ley de Proveedores siendo un tema de altísima sensibilidad.
Más allá de lo obvio -que la minería deje crecimiento genuino en las comunidades a cambio de la explotación del recurso natural no renovable- hay una dificultad muy sanjuanina: la enorme dispersión de los prestadores, que se fueron multiplicando en distintas cámaras a punto tal de que el acuerdo con uno va a significar automáticamente el desacuerdo con el resto.
Por otra parte, minería con proteccionismo se dan de patadas.
El propio Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tan celebrado por todo el espectro minero público y privado, parte de la consigna de abrir la economía para captar los capitales foráneos. La mirada hacia los pequeños prestadores quedó relegada.
El criterio en su momento fue dejar ese debate para más adelante. Más vale RIGI en mano que mil promesas volando.
El RIGI se aprobó, las inversiones están proyectadas y crece la incertidumbre acerca de quién se quedará con los contratos más jugosos cuando arranquen los super gigantes del cobre.
Las licitaciones se están llevando adelante para los sanjuaninos, pero también para los mendocinos, para los chilenos y, como dice el Preámbulo, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Está pendiente entonces esa definición de lo que se entiende por proveedor local y cuál sería la preferencia aceptable por las grandes mineras para priorizar la contratación de pymes sanjuaninas.
En cuanto a la Ley de Glaciares, se ha dicho en repetidas oportunidades que el inconveniente es de origen. Aquella norma impulsada por la dupla kirchnerista de Miguel Bonasso y Daniel Filmus, que incomodó al entonces gobernador José Luis Gioja, prácticamente prohíbe toda actividad humana a partir de determinada altitud hacia arriba.
Por lo tanto, cualquier inversión minera quedará vulnerable a que, con un simple amparo, se detenga todo y resuelvan los tribunales en plazo incierto.
Tanto el gobierno de Sergio Uñac, como el de Marcelo Orrego, cada uno a su tiempo, buscó en Buenos Aires una respuesta, vía decreto, para definir mejor dónde se puede avanzar con la explotación minera y dónde no, respetando los acuíferos activos, pero al mismo tiempo permitiendo el arribo de las grandes inversiones.
El gobierno de Javier Milei ha tenido una actitud dilatante en algún punto a este respecto.
Por un lado, el secretario de Minería de Nación, Luis Lucero, ha planteado la vocación de facilitar la llegada de las grandes mineras. Pero, por otro lado, Nación no quiso asumir el costo de ponerle la firma a un decreto reglamentario.
Hay un motivo político. Una alta fuente del gobierno provincial reveló a este periodista que Nación pretende que la definición pormenorizada de esta Ley de Glaciares salga vía Congreso de la Nación, con lo cual la Casa Rosada está poniendo a los gobernadores de provincias mineras en situación de generar un gran acuerdo que involucre a sus pares de la Región Pampeana, de la Patagonia y de la Mesopotamia.
En la misma medida, esta gestión les generaría una deuda política a los gobernadores mineros con la mayoría libertaria que empieza a germinar en ambas cámaras del Congreso, tras el espaldarazo del 26 de octubre.
Los gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego, entienden que semejante desgaste es innecesario si la reglamentación de la Ley de Glaciares podría resolverse con mucha facilidad vía decreto.
Esa discusión no está saldada todavía. En su más reciente declaración, en Mendoza, el secretario de Minería de Nación dio a entender que se va este 2025 sin una respuesta positiva al respecto. Pidió una gran ‘concertación federal’. Decreto no habrá.
Por lo tanto, las grandes inversiones mineras llegan al último bimestre con estos dos fantasmas sobrevolando.
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