23 Sep 08:06h
En un movimiento desesperado por obtener divisas en medio de una disparada del dólar y una escalada de turbulencia económica, el Gobierno nacional eliminó las retenciones a todos los granos y carnes bovinas y avícolas.
Esta medida, que estará vigente hasta el 31 de octubre de este año o hasta que se obtengan 7.000 millones de dólares, fue anunciada el mismo día en que se suspendió la Ley de Discapacidad.
La decisión, considerada de un fuerte tinte electoralista, generó un agujero fiscal de hasta 1.800 millones de dólares y un fuerte rechazo de los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, que la calificaron de oportunista y perjudicial.
Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei, buscaron obtener dólares frescos ante la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la inestabilidad cambiaria. No obstante, la medida fue recibida con críticas por su impacto en la inflación. La quita de retenciones a la exportación generaría un aumento inmediato en los precios de alimentos básicos como leche, harinas y carnes, lo que representó un nuevo golpe al poder adquisitivo de los argentinos.
El beneficio recayó principalmente en los grandes exportadores y multinacionales, que mantuvieron stock de producción sin vender, a la espera de un mejor precio de la divisa. Los productores más pequeños, que vendieron en junio, quedaron fuera de esta nueva política.
Desde la Federación Agraria se quejaron, afirmando que la medida «favorece a multinacionales, no al productor chico». A pesar del anuncio, el sector ruralista lo celebró a medias, ya que demandaron una eliminación permanente de las retenciones y no una transitoria.
El costo fiscal directo de la medida para el fisco se estima entre 1.000 y 1.800 millones de dólares. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la pérdida de recaudación equivaldría al 46% del superávit fiscal previsto para el Presupuesto de 2026. Este costo, según la oposición, representa una cifra similar al financiamiento de las leyes de universidades y del Hospital Garrahan, vetadas previamente por el Gobierno.
Gobernadores de la talla de Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) cuestionaron la decisión. Kicillof afirmó que el Gobierno «cambia permanentemente el discurso», mientras que Pullaro aseguró que no se deben eliminar las retenciones para «sostener el tipo de cambio con fines electorales». Por su parte, Llaryora enfatizó la necesidad de un plan productivo que brinde previsibilidad, en lugar de una política basada en la «especulación financiera o electoral».
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