20 Ago 08:00h
El Gobierno Nacional estableció un nuevo esquema para el financiamiento y control de obras públicas, permitiendo a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires asumir la continuidad de proyectos inconclusos, incluyendo los del plan PROCREAR.
Esta medida, plasmada en la Resolución 1199/2025 del Ministerio de Economía y publicada el 19 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial, busca ‘modernizar el sistema de financiamiento, agilizar procesos y garantizar un uso más eficiente de los recursos’.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que esta resolución «destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear». Explicó que la medida reconoce los derechos sobre los recursos comprometidos por la Nación hasta el momento, pero faculta a las autoridades locales a tomar control y finalizar las obras.
Bajo este nuevo esquema, las jurisdicciones locales podrán financiar los proyectos cuando el Estado Nacional no cubra los desembolsos previstos. Además, deberán implementar sistemas de recupero de fondos, ajustados a la capacidad de pago de los adjudicatarios y con cuotas que no podrán exceder el 30% de los ingresos familiares.
Esta medida es relevante para casos como el de San Juan, donde proyectos PROCREAR como el barrio La Ramada (con un 60% de avance) y el complejo La Nave (10% de avance) han permanecido paralizados desde el 10 de diciembre de 2023. El gobierno provincial, bajo la gestión de Marcelo Orrego, había iniciado gestiones para que la Nación transfiriera estos complejos y así poder terminarlos con fondos propios.
El secretario de Infraestructura de San Juan, Ariel Villavicencio, había expresado la preocupación provincial por la indefinición y la necesidad de que la Nación resolviera su situación contractual con las empresas constructoras, ya que en San Juan no había adjudicatarios definidos para estas obras, a diferencia de otras provincias. Los barrios, ubicados en Capital (La Ramada en los fondos del Colegio María Auxiliadora y La Nave sobre Rivadavia), se encuentran abandonados y deteriorándose.
La nueva resolución contempla excepciones, permitiendo eximir total o parcialmente de los sistemas de recupero a hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas o beneficiarios de urbanizaciones en villas, asentamientos y relocalizaciones obligatorias. También se prevé la posibilidad de compensar los fondos a recuperar con montos pendientes de devolución en otros programas de vivienda y hábitat, o incluirlos dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Nación y provincias.
La actualización de las devoluciones se realizará en función de la Unidad de Vivienda (UVI), y en caso de incumplimientos, las jurisdicciones deberán reintegrar los fondos con intereses y podrán ser demandadas judicialmente.
Finalmente, la Resolución 1199/2025 derogó más de una decena de resoluciones de gestiones anteriores para unificar criterios y facultó a la Secretaría de Obras Públicas a dictar normas complementarias.
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