16 Sep 08:00h
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, rechazó el proyecto de ley de presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al considerarlo una iniciativa que «consolida el ajuste» y profundiza la crisis del sistema universitario y científico.
En un comunicado, los rectores afirmaron que la asignación de 4,8 billones de pesos anunciada por el Gobierno no representa un aumento real. Según el CIN, esta cifra es el resultado de anualizar el presupuesto de 2025, un año que las casas de estudio vivieron «en peligro». El monto queda muy por debajo de los 7,3 billones de pesos que, aseguran, son necesarios para el funcionamiento normal de las universidades.
Un anuncio presidencial confrontado con la realidad universitaria
Durante la cadena nacional en la que presentó el proyecto, el presidente Javier Milei destacó que el presupuesto incluía aumentos para diversas partidas sociales, entre ellas un 8% para la educación y la asignación de 4,8 billones de pesos a las universidades. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario respondió de inmediato, confrontando estas cifras con sus propios cálculos y acusando al Gobierno de presentar un proyecto que, en la práctica, mantiene el financiamiento estancado. La diferencia entre las proyecciones oficiales y las necesidades reclamadas por el sistema universitario puso de manifiesto una nueva tensión entre el Gobierno y las instituciones educativas.
La disputa se traslada al Congreso
Tras calificar el proyecto de consolidar un «ajuste», el CIN decidió enfocar sus esfuerzos en el Congreso de la Nación. En su comunicado, los rectores manifestaron que sus expectativas descansan ahora en el Poder Legislativo, pidiendo a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto «razonable» que evite que la «pronunciada caída» de la financiación universitaria se siga profundizando.
Además, hicieron un llamado a los legisladores para que sostengan la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa clave para asegurar el futuro de la educación superior en Argentina.
Esta nueva disputa ocurre meses después de las masivas protestas que se desataron por la falta de fondos en las universidades públicas, que culminó con una multitudinaria marcha federal a la que se sumaron miles de estudiantes, docentes y la sociedad en general.
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