05 Dic 07:37h
El ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, entabló una demanda civil por daños y perjuicios contra el empresario y dirigente político Sergio Vallejos, a quien le reclama una indemnización de 60 millones de pesos por daño moral.
La acción judicial se concretó después de que la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados rechazara por unanimidad las dos denuncias de juicio político que Vallejos había presentado contra el cortista. Según el abogado de Lima, Marcelo Miranda Marini, Vallejos se basó en «hechos sin ningún respaldo, sustento, fundamentación ni medio de prueba» y que, además, son «falsos».
Miranda Marini, citado por 0264 Noticias, enfatizó que las presentaciones de Vallejos constituyeron un acto de «irresponsabilidad total» y un «ejercicio abusivo» del proceso de destitución.
La demanda se centra en la falsedad de los planteos del dirigente de Evolución Liberal, por lo que Lima, a través de su abogado, también solicitó una declaración judicial de inexactitud o falsedad de los hechos denunciados de manera conjunta con la acción por daños y perjuicios. El abogado aclaró que la demanda no cuestiona el derecho lícito de pedir un juicio político, sino la forma abusiva en que se ejerció.
Vallejos presentó las denuncias de juicio político el 1 de octubre de 2024, no solo involucraron a Lima, sino también a los cortistas Daniel Olivares y Adriana García.
Una de las presentaciones se centró en un fallo por la expropiación de la exbodega La Superiora. Según Vallejos, los ministros ordenaron pagarle a la empresa expropiada (Cuyo Inversiones) el valor actual del predio de Rawson y dispusieron la aplicación de la tasa activa del Banco Nación, cuando debían calcular el valor al momento de la desposesión y aplicar la tasa pasiva.
El dirigente llegó a señalar que esto tuvo el «indisimulable propósito» de «beneficiar inescrupulosamente a los amigos del poder». Sin embargo, el abogado de Lima desmintió tajantemente estas afirmaciones. Indicó que el cambio de tasa es falso porque la tasa pasiva es ley. El letrado dijo tambien que la acusación de cambiar la jurisprudencia para ese caso (prevaricato) también es falsa, ya que la sentencia se apoya en jurisprudencia de 2019, que cambió cuatro años antes.
El otro pedido de juicio político contra Lima se basó en una supuesta incompatibilidad por no haber renunciado a la titularidad del Registro Notarial N°22 al asumir como ministro del máximo tribunal. Miranda Marini explicó que esta acusación es igualmente falsa, dado que Lima solicitó y obtuvo la licencia por parte del Consejo Directivo del Colegio Notarial antes de asumir su cargo, en cumplimiento con el procedimiento establecido en la ley de Organización del Notariado.
El profesional reiteró que los hechos expresados en las dos presentaciones de juicio político «no se corresponden con la realidad».
La demanda por daños y perjuicios recayó en el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Luis Arancibia. Ahora el magistrado deberá trasladar la acción a Vallejos para que la conteste. Antes de la resolución, se llevará a cabo una instancia de mediación donde las partes podrían alcanzar un acuerdo. El abogado de Lima señaló que no recibió instrucciones sobre un posible acuerdo y que se actuará «con el devenir del proceso».
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