01 Ago 14:12h
La provincia de San Juan, con más de 20 años de minería a gran escala, está cerca de saldar una deuda histórica: una ley de proveedores mineros. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, reveló que el proyecto se encuentra «avanzado en un 95 por ciento» después de intensas negociaciones con el sector. «Hemos avanzado, digo, si lo tengo que poner del 1 al 10, creo que estamos en un 90, 95 por ciento de avance», afirmó el funcionario en el programa Pelado Stream.
Un proceso de búsqueda de consensos
Fernández explicó que el proyecto es fruto del trabajo conjunto entre los ministerios de Minería y Producción, que durante meses mantuvieron reuniones con distintos grupos de proveedores, desde la construcción hasta empresas de servicios. El borrador inicial, sin embargo, enfrentó una «etapa muy dura, muy difícil» de resistencia por parte de la Cámara de Empresas Mineras de San Juan.
Tras un largo proceso de diálogo, las empresas mineras han cambiado su postura y ahora reconocen la necesidad de una legislación. Han presentado incluso una contrapropuesta, que el gobierno provincial está analizando. «Hoy nos encontramos en un punto donde hay de parte de ellos un acuerdo y un convencimiento de la necesidad de tener una legislación», señaló el ministro.
Los pilares del acuerdo
La propuesta de ley se basa en dos puntos clave ya consensuados con el sector minero:
- Definición de proveedor local: Se busca establecer un lenguaje común para medir la participación de las empresas sanjuaninas. La ley diferenciará entre los proveedores de la provincia en general y los de las comunidades locales.
- Estandarización de planes de desarrollo: La legislación obligará a las empresas a presentar planes estandarizados que permitan medir y comparar sus compromisos. Esto incluirá los montos de contratación y los «paquetes de servicios» que demandarán, lo que permitirá a los proveedores locales prepararse con anticipación.
El ministro destacó que estos planes de desarrollo deberán ser transparentes y con indicadores claros. El objetivo es crear un «mapa completo de información» para identificar oportunidades y compromisos concretos.
Desafíos y expectativas
El proyecto de ley llega en un contexto complejo. Según Fernández, existe una «capacidad ociosa» de proveedores y empleados, sumado a una disminución de la demanda en otros sectores y a expectativas desmedidas generadas por la política. Esta «distorsión de expectativas» hace que la gestión de la actividad minera sea difícil.
Pese a los obstáculos, el ministro se mostró optimista. Subrayó que, aunque el debate de una ley de proveedores es un paso fundamental, la prioridad también está en remover los obstáculos que impiden el crecimiento de la minería. «Sin crecimiento de la minería no van a haber proveedores», advirtió. El funcionario destacó la importancia de que se concreten las inversiones necesarias para que San Juan, en un futuro cercano, tenga producción de cobre.
PELADO STREAM
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