24 Jul 13:43h
El diputado Andrés Castro, presidente de la Comisión de Minería de la Legislatura e integrante del bloque Producción y Trabajo, confirmó que el proyecto de Ley de Proveedores Mineros será tratado en el actual año legislativo. Castro aseguró que existe un «fuerte compromiso» por parte del gobierno para avanzar con esta normativa, la cual busca «transparentar» la relación entre empresas, proveedores y el Estado.
En entrevista con Pelado Stream, el legislador explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de «pulir detalles» tras un proceso de diálogo con los distintos actores del sector, incluyendo proveedores y la Cámara Minera. Si bien esta última pudo haber tenido una «recepción diferente» en un inicio, hoy entiende la necesidad de la regulación para la provincia.
¿Qué busca la Ley de Proveedores Mineros?
Castro detalló que la ley tiene como objetivo principal brindar un marco regulatorio que permita al gobierno contar con herramientas e indicadores para monitorear la relación entre las empresas mineras y sus proveedores. Esto incluye conocer no solo los porcentajes de facturación que se destinan a proveedores locales, sino también la contribución de cada empresa a la provincia.
Además, la ley busca empoderar a los proveedores, obligando a las empresas a identificar sectores con falta de oferentes calificados. Esto, a su vez, permitirá al gobierno y a las cámaras empresariales establecer planes de capacitación y fomento para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales. «Es una ley que entiendo le va a hacer muy bien al sector», afirmó Castro.
Equilibrio entre transparencia y libre mercado
Consultado sobre las preocupaciones expresadas por referentes como Mario Capello respecto al riesgo de un excesivo proteccionismo, el diputado Andrés Castro coincidió en parte con esas apreciaciones. Subrayó que la ley, producto de un proceso de «pulido», busca transparentar sin caer en el proteccionismo que restrinja el libre mercado. «No puedes obligar a las empresas, pero sí dar cierto respaldo», sostuvo.
El gobernador apoya a quienes tributan en la provincia, pero siempre en el marco del libre mercado. Castro remarcó que no se puede «cerrar ni dar carácter exclusivo» a ciertos proveedores. En relación a la potencial contratación de empresas chilenas, especialmente en proyectos binacionales como Josemaría, Castro explicó que es una consecuencia lógica de este tipo de emprendimientos.
Finalmente, el diputado enfatizó la trascendencia de la llegada de grandes proyectos mineros como Josemaría, cuyo «CAPEX (inversiones de capital que crean beneficios) es 10 veces lo que fue Veladero».
Destacó que estos proyectos «vienen a revolucionar la provincia» y que la preparación para afrontar su magnitud es la principal preocupación. La generación de empleo es una consecuencia inherente, lo que, según Castro, refuerza la idea de no caer en un proteccionismo excesivo, sino en una regulación necesaria. La decisión RIGI, aunque genera expectativas, ha sido un gran paso para la provincia.
PELADO STREAM
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