04 Ago 07:29h
El gobierno del presidente Javier Milei confirmó un nuevo golpe a los ingresos de jubilados y pensionados. Este lunes, el Boletín Oficial publicó el veto a los proyectos de ley que buscaban un aumento para los jubilados, recomponían la moratoria previsional y establecían la emergencia en discapacidad. La decisión presidencial, firmada el viernes por la noche, representa el segundo veto de Milei a incrementos jubilatorios en sus dos años de mandato.
Se trata del decreto 534/2025.
La medida afecta directamente a millones de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes esperaban mejoras en sus condiciones económicas. Los proyectos, que el Senado aprobó en julio con 52 votos a favor y 4 abstenciones, proponían un aumento único del 7,2% en todas las jubilaciones, un incremento del bono previsional mensual a 110.000 pesos (anteriormente 70.000 pesos) y la reactivación de la moratoria previsional.
Esta moratoria, que venció en marzo, era crucial para trabajadores mayores de 65 años sin las tres décadas de aportes necesarias para acceder a una jubilación.
El veto presidencial también alcanza la declaración de emergencia para discapacidad, una ley que garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para los prestadores de servicios como enfermeros, acompañantes y transportistas. Además, el proyecto restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba sus montos, que en junio de 2025 serían de 213.286,50 pesos. La ley también incluía un aumento en la remuneración para los trabajadores con discapacidad empleados en talleres asistidos, quienes actualmente perciben 28.000 pesos mensuales desde febrero de 2023.
Ahora, la pelota queda en el campo del Congreso. Aunque el Parlamento tiene la facultad de insistir con estas leyes, para ello necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. La clave residirá en la Cámara de Diputados, donde los proyectos obtuvieron márgenes más ajustados en comparación con el Senado, donde lograron un amplio respaldo.
Mientras tanto, los proyectos vetados no se incluirán en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, convocada para el 6 de agosto. En esa jornada, se espera que la oposición impulse proyectos de financiamiento para universidades y la salud pediátrica, en un contexto de habituales movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso, que buscan visibilizar sus demandas y el impacto de estas decisiones en sus vidas.
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