08 Jul 08:39h

El Gobierno nacional asesta un duro golpe al sector agropecuario con la reestructuración y el ajuste de dos pilares históricos: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Las medidas, presentadas como una búsqueda de eficiencia, implican una drástica reducción de personal y un cambio radical en sus misiones, generando preocupación en productores y especialistas.

INTA: Desmantelamiento y abandono de la agricultura familiar

El INTA, que cuenta con más de 6.000 empleados y un presupuesto anual cercano a los $229.000 millones, será relegado a un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. La decisión implica un abandono explícito del modelo de extensionismo, agricultura familiar y agroecología, históricamente sostenido con recursos públicos, para enfocarse únicamente en la «innovación y transferencia tecnológica».

Según el Ejecutivo, en los últimos años el INTA se «alejó de su función original» y fue «utilizado con fines políticos», adoptando una agenda «alineada con la Agenda 2030, sin responder a las necesidades del sector agroindustrial». Esta evaluación, que apunta a «altos niveles de ineficiencia y una deficiente gestión de los fondos públicos», sirve de justificación para la profunda reestructuración que podría dejar a miles de trabajadores sin empleo y a miles de pequeños productores sin el apoyo técnico que recibían.

El nuevo perfil del INTA, enfocado en «generar conocimientos y tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria» y promover la «formación de nuevos productores calificados e integrados en redes privadas», deja en el aire el destino de gran parte de su valiosa capacidad de investigación y desarrollo, construida durante décadas.

INV: Menos control y la vitivinicultura en riesgo

Por su parte, el INV, con 459 empleados y un presupuesto anual de más de $12.120 millones, será degradado a una mera unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si bien mantendrá su denominación y el proceso de certificación para la exportación de productos vitivinícolas, las críticas del Gobierno al «exceso de controles innecesarios» y a la generación de «costos adicionales, trabas burocráticas y desincentivos» apuntan a una flexibilización que podría comprometer la calidad y reputación de los vinos argentinos.

La decisión de que el sistema de certificación internacional sea optativo, a solicitud del productor, genera incertidumbre sobre la capacidad del INV para seguir garantizando la trazabilidad y la calidad que requiere un mercado global cada vez más exigente. Para muchos, esto no es más que una desregulación que abre la puerta a la informalidad y a la pérdida de prestigio para la vitivinicultura nacional.

Estas medidas, que se suman a un paquete más amplio de ajustes, son percibidas por amplios sectores como un ataque directo a la ciencia, la investigación y el desarrollo en el ámbito agropecuario, con consecuencias inciertas para la producción nacional y el futuro de miles de familias vinculadas al campo.

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