10 Sep 08:18h
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, evalúa convertirse en “imputado colaborador” para mejorar su situación procesal en la causa que investiga supuestas coimas en el organismo.
La decisión, según información de Ambito.com, se encuentra en conversaciones con sus defensores y se tomará una vez que se levante el secreto de sumario, haya una imputación concreta y la defensa pueda ver el expediente y la prueba que ha acumulado el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
La causa involucra a Spagnuolo, al dueño de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker, y a sus hijos.
Spagnuolo es investigado por audios en los que habla de sobornos y menciona a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La Justicia investiga un esquema de sobornos y contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.
Los dueños de la droguería plantearon la nulidad de la causa por considerar que los audios tienen un origen ilegal.
De los audios a los cuadernos
La figura jurídica que evalúa Spagnuolo es la de «imputado colaborador» o «arrepentido», la misma a la que se acogió Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, en la causa de los cuadernos de las coimas. Esta figura permite a una persona imputada brindar información veraz y relevante que ayude a esclarecer un delito, a cambio de beneficios procesales, como una reducción de la pena o incluso la eximición de la misma.
Roberto Baratta fue la mano derecha del exministro Julio de Vido, quien a su vez fue uno de los ministros más importantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El vínculo de Baratta con Cristina Kirchner se estableció a través de su rol como segundo de De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, un puesto clave durante las presidencias de los Kirchner.
En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Baratta, sugirieron que parte del dinero supuestamente recaudado era entregado en el departamento de Cristina Kirchner. Debido a esto, la justicia solicitó evaluar la posible responsabilidad de otros coimputados, entre los que se encontraría la expresidenta.
Si bien Cristina Kirchner no fue indagada directamente por estos supuestos sobornos, sí está procesada y elevada a juicio en la causa madre, basándose en la declaración de Centeno y otras pruebas.
La figura del «arrepentido» fue introducida en el derecho penal argentino a través de la Ley 27.304, con el objetivo de facilitar la investigación de delitos complejos, como los de corrupción, crimen organizado o narcotráfico, en los que la prueba directa es difícil de obtener.
Para que el acuerdo de colaboración sea válido, la información proporcionada debe ser confirmada y contribuir significativamente a la investigación. En el caso de Centeno, sus cuadernos y testimonios sirvieron para destapar un presunto circuito de coimas que implicaba a funcionarios y empresarios durante el kirchnerismo, a cambio de una reducción en su situación procesal.
En el caso de Spagnuolo, el objetivo es similar: colaborar con la justicia para mejorar su propia situación.
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