28 Oct 08:54h
El Gobierno oficializó este martes el pago del Bono Extraordinario Previsional de $70.000 que, desde enero de 2024, se otorga a los jubilados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de diferentes regímenes del sistema de seguridad social. La medida, establecida por el Decreto 771/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca «mantener el poder adquisitivo» de los haberes más bajos y evitar que continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación, dado que los efectos de la movilidad generaron un desfasaje importante.
El adicional de $70.000 será abonado de forma automática y de carácter no remunerativo, sin descuentos y no computable para otros beneficios, a los titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, a los comprendidos en regímenes especiales derogados o transferidos, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas.
Aquellos cuyos haberes superen el mínimo previsional garantizado recibirán un monto proporcional que les permita alcanzar el tope formado por la suma del haber mínimo más el bono. Es importante destacar que el último cambio en los haberes se registró en octubre, cuando se aplicó un aumento del 1,8% basado en el índice de inflación del INDEC.
El contexto de estos refuerzos económicos subraya la fragilidad del sistema previsional argentino, el cual se posicionó en el puesto 51 entre 52 países en el Índice Global de Pensiones 2025, elaborado por Mercer y el CFA Institute. Este resultado ubica al país solo por encima de Filipinas, destacando a la Argentina entre los sistemas jubilatorios menos destacados del mundo. El informe examinó la solidez de los regímenes previsionales a través de tres dimensiones:
- Adecuación: Vinculada a la capacidad de garantizar ingresos suficientes a los beneficiarios.
- Sostenibilidad: La viabilidad del sistema en el tiempo ante desafíos como el envejecimiento poblacional. Los especialistas señalaron que Argentina presenta marcadas vulnerabilidades en la solidez macroeconómica, el financiamiento de largo plazo y la inclusión de nuevos aportantes.
- Integridad: La transparencia, la confianza social y la adecuación de los marcos regulatorios. La baja calificación local en este eje se atribuyó a factores como los cambios frecuentes en la normativa, la falta de reglas estables y el financiamiento estatal deficitario.
Este panorama global ratificó que el universo analizado refleja la realidad que enfrentan sistemas de pensiones muy diversos en los cinco continentes.
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