20 Oct 13:21h

La justicia federal dio un revés a las políticas de ajuste del Gobierno nacional al ordenar la restitución de todas las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas o retenidas a nivel nacional.

La medida cautelar urgente, dictada el viernes pasado, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer los beneficios, depositar los importes retenidos en el transcurso de 24 horas y abstenerse de continuar con auditorías arbitrarias e irregulares.

Así lo confirmó Florencia Peñaloza, Defensora del Pueblo de San Juan, quien lideró el proceso de amparo colectivo en representación del universo de personas con discapacidad. Aunque la acción judicial se promovió desde el Juzgado Federal de San Juan, la sentencia se hizo extensiva a toda la Argentina, un fallo que la funcionaria calificó como «inédito en la provincia».

La Defensoría inició el proceso en beneficio de un colectivo de 36.000 beneficiarios en San Juan, de los cuales se estimó que aproximadamente 10.000 pensiones fueron dadas de baja, lo que representa alrededor de un 25%. A nivel nacional, las cifras de agosto indicaron que 144.000 pensiones resultaron afectadas.

Peñaloza enfatizó que la suspensión de la pensión implicó una grave vulneración de derechos, ya que el beneficio, cuyo monto con el bono alcanza los 298.000 pesos, no solo es de carácter alimentario, sino que también otorgaba a los beneficiarios acceso a las prestaciones médicas de Incluir Salud, esenciales para sus tratamientos.

La funcionaria recordó el caso de una beneficiaria que contempló quitarse la vida tras la suspensión, ilustrando la urgencia y la inhumanidad de la medida.

El amparo solicitó que las auditorías, si bien necesarias, se realizaran conforme a la ley. La Defensora del Pueblo señaló que las suspensiones se basaron en un proceso irregular, citando un informe del jefe de Gabinete que indicó que el 50% de las cartas documento no llegaron a los destinatarios.

Asimismo, se denunciaron casos de auditorías a personas con condiciones permanentes y evidentes, como síndrome de Down, a quienes se les recortó la pensión a pesar de tener su condición más que acreditada.

Desde la Defensoría se sigue de cerca el proceso para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia judicial en el menor tiempo posible.

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