09 Oct 08:38h

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. La unificación con otras causas elevó la pena a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada a 8 años de cárcel como partícipe necesaria.

El veredicto, dictado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, absolvió a Gabriel Carrizo, antes señalado como partícipe secundario. Las penas dejaron un «sabor a poco» en el entorno de la exmandataria, pues persisten las dudas sobre quién instigó, planificó y financió el ataque, y si los autores materiales actuaron solos.

Las penas y la crítica al silencio judicial

La querella de CFK y la fiscalía habían solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel, el máximo aplicable en grado de tentativa de un delito con pena de prisión perpetua.

• Sabag Montiel fue condenado por «homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y, en concurso ideal, con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal».
• Uliarte fue condenada como partícipe del intento de asesinato.

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, cercano a la expresidenta, criticó la decisión judicial, señalando que la justicia argentina no aplicó la pena máxima y que «persiste la falta de respuestas sobre quiénes instigaron, planificaron y financiaron el ataque». Mena alegó que el caso fue «silenciado por parte del poder judicial y los grandes medios», encubriendo irregularidades en la investigación.

Los penalistas explicaron que, si bien la condena es superior a las que suelen aplicarse en intentos de homicidio, el tribunal tuvo en cuenta que la víctima estaba en ejercicio de la vicepresidencia, lo que agravó el delito. Las defensas de los acusados, que habían alegado trastornos mentales, no lograron que fueran declarados inimputables.

Los fundamentos y la irregular instrucción

El veredicto cierra un juicio oral que dejó al descubierto la magnitud de la violencia política que rodeó el atentado, involucrando a grupos con fanatismo libertario. También puso en evidencia la problemática instrucción de la causa, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, donde se dañaron pruebas clave como el celular de Sabag Montiel, impidiendo saber con quién se comunicaba antes del hecho.

El tribunal anunció que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 9 de diciembre, lo que genera expectativa entre las partes que anticiparon apelaciones, especialmente porque se descartaron agravantes como la violencia de género y la alevosía.

Antes del veredicto, Sabag Montiel hizo uso de sus «últimas palabras» con un discurso errático, en el que acusó que «toda esta causa estuvo armada» e insistió en que no fue pagado por nadie, ni por Cristina Fernández de Kirchner ni por el diputado Gerardo Milman, sino que actuó por iniciativa propia.

La representación letrada de Cristina Fernández de Kirchner señaló insistentemente las posibles vinculaciones políticas de los detenidos. Puntualmente, ‘Milman y las dos mujeres que trabajaban con él, cuyos teléfonos se destruyeron en las oficinas de Patricia Bullrich’. 

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