09 Dic 14:28h

El abogado y dirigente político Marcelo Alberto Arancibia presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan para que se investiguen presuntas maniobras ilícitas cometidas en las contrataciones de la obra «Acueducto Gran Tulum». La denuncia se basa en declaraciones del actual Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien habría afirmado que «la obra no estaría, pero los pagos sí».

Arancibia estima un perjuicio patrimonial a la Provincia de San Juan por la suma de U$S 100.000.000.

El denunciante, que actuó en el «simple interés que se cumpla la ley» , busca que la Justicia investigue a funcionarios provinciales de los periodos 2015/2019 y 2019/2023, así como a directivos de la empresa adjudicataria, por posibles delitos contra la Administración Pública.

La urgencia de la presentación y la posible prescripción

Arancibia destacó la urgencia de la presentación, señalando que el 10 de diciembre se cumplen dos años después de los cuales un exfuncionario no puede ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Según el Código Penal, el delito de enriquecimiento ilícito aplica hasta «dos (2) años después de haber cesado en su desempeño». El denunciante argumentó que, a partir de esa fecha, «a esos ex funcionarios se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio».

Delitos y hechos denunciados

La denuncia solicita investigar una serie de delitos contra la Administración Pública, incluyendo:

• Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.).
• Malversación de caudales públicos (art. 260 C.P. y ss.).
• Defraudación al Estado (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 C.P.).
• Abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.).
• Cohecho y tráfico de influencias (arts. 256, 258, 259 y 265 C.P.).
• Asociación ilícita (art. 210 C.P.), en caso de demostrarse una estructura estable para defraudar al Estado.

Los hechos que motivan la denuncia se basan en publicaciones periodísticas (seis notas del medio Tiempo de San Juan se adjuntan como prueba) y se resumen en cinco puntos graves:

1. Vinculación entre altos funcionarios y la empresa adjudicataria: La empresa proveedora de tuberías (KRAH AMERICA LATINA S.A.) estaría vinculada a un familiar directo (primo) del ex Gobernador Sergio Uñac, configurando una hipótesis de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias.
2. Posible direccionamiento de licitaciones públicas: Testimonios de empresas competidoras señalan que los pliegos licitatorios habrían sido diseñados para favorecer a KRAH, restringiendo la competencia.
3. Alertas sobre inferior calidad de los caños: Existieron informes técnicos oficiales que advertían que los caños ofrecidos por la empresa vinculada eran más caros, presentaban menor respaldo técnico, exhibían deficiencias estructurales y no cumplían con estándares de calidad. Estas alertas fueron supuestamente ignoradas.
4. Supuestos sobreprecios: Se detectaron diferencias económicas significativas entre la oferta adjudicada y la de sus competidores, lo que demostraría un perjuicio económico al erario provincial.
5. Pagos millonarios sin obra terminada: La provincia comenzó a pagar el préstamo de U$S 100.000.000 tomado con Kuwait, pese a que la obra del Acueducto Gran Tulum no está finalizada, lo que sugiere administración fraudulenta y beneficio económico indebido a particulares.

Solicitudes y pruebas

Arancibia solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria y requirió como prueba diversa documentación administrativa, incluyendo:

• Información del Poder Ejecutivo Provincial: Pliegos licitatorios, ofertas, informes técnicos, resoluciones, certificaciones de obra, auditorías y estados de avance de la obra, así como el pago del préstamo con el Estado de Kuwait.
• Información de la Legislatura: Copia de la contestación al Pedido de Informes remitido al Poder Ejecutivo en relación a la obra.
• Información del Tribunal de Cuentas: Todo lo referente al control de legalidad y legitimidad de la inversión pública en el Acueducto Gran Tulum.
• Pericias: Se solicitó la designación de peritos idóneos (técnicos, económicos y contables) para realizar pericias sobre la calidad de los caños, los precios y sobreprecios, y los pagos y certificaciones.
• Declaraciones testimoniales: Se solicitó citar a declarar al Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y a los responsables de la empresa «General Plastic S.A.», Sebastián Tasselli y Eugenio Vázquez.

El denunciante pidió, finalmente, que si resulta que se han cometido delitos y se ha generado un perjuicio fiscal, los autores y partícipes «devuelvan lo robado».

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