05 Jun 08:56h
Fueron dos fallos al hilo, muy similares, en tan solo un mes. Ambos apuntaron a la paz social como concepto infrecuente en el léxico judicial. Luego de una larga tradición de resoluciones a puertas cerradas, finalmente está sucediendo que algunos magistrados -magistradas en esta oportunidad- salieron del aislamiento. Y está bien.
Este miércoles la jueza de Garantías Flavia Allende rechazó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Vanesa Carrascosa Font por la muerte de Jairo Malla. Así se cayó el juicio abreviado que iba a dejar todo resuelto con una condena simbólica de tres años de cumplimiento condicional y seis años de inhabilitación para manejar vehículos.
La jueza Allende podía convalidar el entendimiento entre las partes, sin escuchar el reclamo de la familia de Jairo que se había opuesto enérgicamente. De hecho, sobran los antecedentes de magistrados que se apegaron a la ley y desoyeron el dolor de las víctimas. No pasó en esta ocasión.
Pero Allende no fue original. El 6 de mayo su colega, la jueza Verónica Chicón, resolvió de manera semejante cuando rebotó el acuerdo entre la defensa de Eleazar Flores Condori y el Ministerio Público Fiscal por la muerte de Carolina Sastre.
El factor común entre Carolina y Jairo es que ambos perdieron la vida en siniestros viales. Entiéndase la terminología: siniestros, no accidentes, en tanto fueron evitables.
La jueza Chicón también habló de la paz social. Podía perfectamente firmar el arreglo entre la defensa de Flores Condori y el Ministerio Público Fiscal. Y asunto terminado. Pero el estrépito hubiera sido enorme. Y con razón.
Estrépito como el sucedido en ocasión del juicio abreviado por la muerte de Francisco Márquez, otra víctima de un siniestro vial. Fue en junio de 2024.
Gonzalo Nicolás Castro zafó de una condena de cumplimiento efectivo gracias a ese arreglo. En aquel momento, la jueza María Gema Guerrero se ganó la condena de la familia de Francisco. Por no haberlos escuchado. Por haber liquidado todo por la vía procesal más rápida. La mejor para el imputado.
Estrépito también como el ocurrido el 13 de mayo pasado, cuando el juez Javier Figuerola sobreseyó a Juan Pablo Echegaray y lo salvó de ir a juicio por la muerte de Lucía Rubiño. Mientras tanto en las puertas de Tribunales la familia y los amigos de la víctima imploraban que lo sentaran en el banquillo. Solo eso. No pasó.
El debate jurídico queda para los abogados y las abogadas, eso está claro. Como también es indiscutible que el debido proceso incluye el respeto del derecho a la defensa. Las garantías no son una cuestión de garantistas solamente.
Pero la Justicia no es una abstracción. Resuelve sobre la vida de las personas. Parece sensato y hasta saludable que los magistrados empiecen a escuchar hacia el exterior. Ajustados a la ley siempre, porque en caso contrario estarían cometiendo un delito grave.
Pero escuchar nunca fue ni será un delito.
Hace muchos años la familia de Celeste Archerito -fallecida en agosto de 2009- logró, a fuerza de manifestaciones en la vía pública, que la Corte de Justicia, con su conformación anterior, diera vuelta una serie de fallos de instancias inferiores que habían arreglado con una probation la condena para Gustavo Cortéz.
Tiempo después, cuando este periodista ponía en valor la actitud del máximo tribunal, un reconocido abogado penalista -hoy integrado al Poder Judicial- lo tomó del brazo, lo apartó y le susurró al oído: ‘Flor de cagada se mandó la Corte’.
La expresión del abogado reveló el sentir de una parte de la corporación judicial, que no solo integran los funcionarios sino también todo el sistema. La preocupación del letrado era que se había sentado un precedente.
A partir del caso Archerito, un siniestro vial podía terminar con condena de cumplimiento efectivo. Fue lo que logró la familia de Celeste, a fuerza de luchar y dejar el duelo para después.
Cuando no hay justicia, no hay tiempo para duelar. El silencio siempre será funcional para el imputado. Que haya jueces capaces de escuchar ayuda mucho.
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